Administración Pública.
Cohecho, prevaricación y malversación son delitos con enorme impacto reputacional además de penal. La discreción en su gestión es tan importante como la técnica jurídica.
Qué cubre esta área
Son delitos que, en su mayoría, exigen la condición de autoridad o funcionario público, aunque en algunos casos (cohecho activo, por ejemplo) también puede responder un particular. Suelen implicar investigaciones complejas, con mucha documentación administrativa y contable de por medio.
Trabajamos con especial atención a la prueba documental, los plazos de prescripción —relevantes en hechos que a veces se investigan años después— y la delimitación exacta de responsabilidades cuando hay varias personas o cargos implicados.
En qué intervenimos
- Cohecho, activo y pasivo
- Prevaricación administrativa y judicial
- Malversación de caudales públicos
- Tráfico de influencias
- Negociaciones prohibidas a funcionarios
Preguntas frecuentes
¿Solo un funcionario público puede cometer estos delitos?
Depende del delito. La prevaricación o la malversación exigen la condición de autoridad o funcionario; en el cohecho, un particular también puede responder penalmente por la parte activa (quien ofrece o entrega).
¿Cuánto tiempo después de los hechos se puede investigar un delito de este tipo?
Depende del plazo de prescripción de cada delito concreto, que varía según su gravedad. En algunos casos estos delitos se destapan e investigan años después de haberse cometido.
¿Qué diferencia hay entre cohecho activo y pasivo?
El cohecho pasivo lo comete la autoridad o funcionario que solicita o acepta la dádiva; el activo, quien la ofrece o entrega. Ambos son punibles, aunque con matices distintos.
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